12/07/2022 La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ofrece una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados tras la primera intervención de Sánchez en la 26 edición del Debate sobre el Estado de la Nación, a 12 de julio de 2022, en Madrid (España). Tras siete años sin celebrarse ninguno, la Cámara baja acoge durante los días 12, 13 y 14 de julio la vigésima sexta edición del debate sobre el estado de la Nación desde 1983 y el primero que se lleva a cabo con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Esta edición del debate, también es la primera para Unidas Podemos, Vox y Ciudadanos, ya que en 2015 ninguna formación tenía representación parlamentaria para participar. Durante el debate, el Gobierno expone y hace balance de los resultados de la política que ha llevado a cabo, la oposición comparece para fijar sus posturas y se votan las propuestas de resolución formuladas por las demás formaciones. Entre los temas que se discutirán está la reforma laboral, el plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, los últimos presupuestos generales del Estado aprobados, las políticas de recuperación tras la erupción del volcán en la isla de La Palma, los fondos europeos Next Generation, la excepción ibérica al gas, España como anfitriona en la cumbre de la OTAN y la presidencia del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de
POLITICA
Eduardo Parra – Europa Press
(Eduardo Parra – Europa Press/)La Confederación Española de Policía (CEP) ha lamentado que el Gobierno haya abierto “la puerta al desguace competencial del Estado” al ceder las competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña, tras el acuerdo del PSOE con Junts a cambio de una abstención en los tres decretos.
En un comunicado, el sindicato ha recordado que la Constitución “reserva en exclusiva al Ejecutivo central” esta competencia, al considerar que “se trata de un ámbito en el que es vital la unidad de criterio y la visión global de un fenómeno cuyo origen y motivaciones superan ampliamente el enfoque limitado regional”.
Según CEP, la cesión al gobierno catalán “no obedece a un proceso sosegado y riguroso de análisis de necesidades”. “Tampoco es la conclusión de un debate en el que se haya acreditado que la gestión compartida de las políticas migratorias es más eficaz o va a beneficiar más a los ciudadanos”, ha explicado.
Para el sindicado, la medida pactada con Junts “responde a la aplicación de un criterio de conveniencia política –plenamente legítimo, pero de consecuencias evidentes en el ámbito migratorio– cuyo fin último no es la mejora de una política pública, sino el paliar una debilidad parlamentaria”.
“Desde CEP queremos dejar claro que defendemos que el Estado mantenga el ejercicio exclusivo-vinculado al estatuto jurídico del inmigrante, especialmente en todo lo relativo a las infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionador, y hacemos un llamamiento a todos los poderes e instituciones para que esto siga siendo así”, ha reivindicado.
Así, ha avisado que esta cesión “no constituirá la última de las demandas de competencias en ámbitos directa o indirectamente relacionados con el trabajo policial en favor de las autoridades de Cataluña”.
