Lima, 18 oct (EFE).- La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de Perú aprobó este miércoles un informe que propone la destitución de los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el máximo organismo de control de la Judicatura peruana, por una presunta “causa grave en el ejercicio de sus funciones”.La decisión fue tomada con 15 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, y ahora el informe deberá ser redactado y enviado ante el pleno para su debate y votación, precisó el Congreso en un comunicado.La medida se tomó tras considerar que hubo una “intromisión” de los miembros de la JNJ en funciones del Legislativo, a pesar de que organismos nacionales e internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestaron su preocupación por la investigación y solicitaron que se respete “el debido proceso”.Los miembros de la JNJ fueron sometidos a una investigación sumaria tras ser acusados de haber emitido un pronunciamiento a favor de la ex fiscal general Zoraida Ávalos, así como del presunto “incumplimiento de deber constitucional” y de su ley orgánica, por no haber presentado un informe anual ante el Congreso, y la “filtración” de información sobre un procedimiento disciplinario que se sigue contra la actual fiscal general, Patricia Benavides.En ese sentido, la comisión legislativa, que preside la congresista izquierdista Milagros Rivas, aprobó el informe final sobre la presunta “causa grave” en aplicación del artículo 157 de la Constitución peruana.Conforme a las conclusiones del informe, que encontró cuatro faltas en cinco hechos, se acordó recomendar que el pleno del Congreso “remueva a los miembros de la JNJ por falta grave”.A pesar del apoyo mayoritario de los legisladores de bancadas de derecha y de izquierda que integran la comisión, la legisladora Ruth Luque informó que emitirá un informe en minoría.”Presentaremos un informe en minoría, pues la moción que dio origen a este procedimiento exprés debió archivarse al no presentar ninguna garantía de debido proceso. Es nuestra obligación defender la democracia”, enfatizó Luque en un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter).El pasado 22 de septiembre el pleno del Congreso extendió por 14 días adicionales el plazo de la investigación sumaria abierta contra los integrantes de la JNJ a pedido de la Comisión de Justicia, que alegó que necesitaba contar con mayores elementos de juicio para completar su investigación, programada inicialmente para 14 días.Durante el proceso, la comisión recibió los descargos de los siete magistrados de la JNJ, que preside Imelda Tumialán, del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, y de la fiscal general Benavides.Los magistrados de la JNJ expresaron su confianza en que la investigación sumaria se declare improcedente o infundada al considerar que no tiene justificación constitucional o jurídica.Cuando se anunció el inicio de esta investigación, la JNJ consideró que se trataba de una amenaza al “ejercicio independiente de sus funciones” y que la eventual remoción de sus miembros “constituiría un quiebre del orden constitucional y del equilibrio de poderes en el Perú”. El pasado 25 de septiembre, la CIDH expresó su preocupación por esta investigación sumaria y llamó “al respeto del debido proceso”, ya que consideró que la JNJ es un “organismo autónomo clave para garantizar la independencia e idoneidad de personas operadoras de justicia y de autoridades electorales” en el país andino.La investigación también amenazó con enturbiar la relación entre Perú y el sistema de las Naciones Unidas, cuyos representantes en el país expresaron su “preocupación” por la investigación, por lo que la Cancillería convocó al coordinador residente en Perú, Igor Garafulic, para “transmitirle formalmente la extrañeza” del Gobierno peruano por ese pronunciamiento.
