Una audiencia clave sobre el caso de presuntas irregularidades en seis contratos millonarios firmados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí concluyó el miércoles 15 de octubre con la decisión de la juez 07 Penal Municipal de Control de Garantías de dictar medida de aseguramiento carcelario para dos de los tres imputados. La reanudación de la audiencia ocurrió después de que la juez accediera el día anterior a la solicitud de Emmanuel Goldstein, abogado defensor de María Yaneth Rúa García, que pidió suspender la diligencia mientras recibía información solicitada a distintas entidades mediante tutela.Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp ChannelUna vez retomado el proceso, Goldstein argumentó ante la juez que no existe suficiencia argumentativa para imponer una medida de aseguramiento intramural, señalando que su defendida, en calidad de supervisora de contratos del Amva, no tenía la capacidad de ordenar gastos y desempeñó funciones meramente técnicas. Además, el litigante aseguró que no existen pruebas de que Rúa haya recibido dinero de los terceros supuestamente beneficiados y resaltó la presentación de 25 evidencias que sustentarían la solicitud de libertad inmediata o, en su defecto, la aplicación de medidas no privativas o domiciliarias.Tras escuchar los argumentos de la defensa y la postura de la Fiscalía, la juez decidió, según el material probatorio aportado por la Fiscalía, que Misael Alberto Cadavid Jaramillo, exrepresentante legal del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, habría apropiado de forma indebida $2.480 millones, motivo por el cual se ordenó la medida de aseguramiento intramural en su contra por los delitos de celebración indebida de contratos y seis peculados por apropiación.Respecto a Rúa García, la juez determinó que deberá enfrentar el proceso en centro de reclusión, imputada por interés indebido en la celebración de contratos y seis peculados por apropiación. Por su parte, Elkin de Jesús Gonzáles Correa, que estuvo a cargo de uno de los seis contratos investigados y enfrenta señalamientos por presuntos sobrecostos superiores a $178 millones, fue imputado por peculado por apropiación. No obstante, la juez consideró que González Correa no representa un riesgo de obstrucción a la justicia, permitiéndole defenderse en libertad durante el curso del proceso judicial.De acuerdo con lo expresado públicamente por los abogados de Cadavid y Rúa, se interpondrán recursos de apelación contra la decisión de la juez, lo que representa un nuevo avance en el esclarecimiento de los hechos relacionados con la contratación pública en el Valle de Aburrá.Al respecto, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, afirmó a través de su cuenta personal de X que las recientes decisiones judiciales hace parte de la cuota de justicia en el caso de “saqueo por parte de la anterior administración”.“Empieza a hacerse justicia por el saqueo que sufrió nuestra ciudad durante la anterior administración. Esto es el resultado de las investigaciones que impulsamos, de los hallazgos que pusimos en evidencia y que hoy la Justicia confirma. También, por supuesto, del trabajo juicioso de ciudadanos, servidores públicos y periodistas que pusieron en evidencia el entramado de corrupción del que fue víctima nuestra ciudad”, señaló puntualmente. Y agregó que otras entidades estarían salpicadas de “corrupción”, con el robo de billones de pesos: “Confío plenamente en la Fiscalía, en los jueces y en todas las autoridades que están actuando con rigor y valentía. La plata de la gente es sagrada. No se roba. Esto apenas comienza. Vendrán más. No se salvó ninguna entidad, el robo es de billones, los hermanitos y sus aliados le hicieron mucho daño a Medellín“. Detalles de la investigaciónLa detención de Misael Alberto Cadavid Jaramillo, exjefe de los bomberos voluntarios de Itagüí, reveló una presunta red de irregularidades en contratos públicos y adquisición de bienes raíces en Antioquia por más de $17.000 millones.La Fiscalía lo acusa de peculado por apropiación y de tener intereses indebidos en acuerdos con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y lo vincula a una investigación por la supuesta venta irregular de la filial Afinia de EPM, donde se habría manejado una cifra de USD8 millones.En la audiencia, el fiscal presentó pruebas de presuntos sobreprecios en insumos y capacitaciones para bomberos, con testimonios e interceptaciones telefónicas que indicarían el uso de fondos públicos en la compra de propiedades. Cadavid figura como propietario de 18 inmuebles en varios municipios, entre ellos lotes y apartamentos en Medellín, Marinilla, Rionegro, Itagüí, Sabaneta y Santa Fe de Antioquia.Las compras de estos bienes coinciden con contratos de capacitaciones y kits para los bomberos, observados por irregularidades como diferencias de precios y falta de documentación. Se cita un ejemplo en el que un servicio similar fue contratado por casi 14 millones y en otra ocasión por poco más de seis millones, sin justificación técnica. Asimismo, se señala que los contratos bajo investigación suman 18.000 millones, de los cuales 2.480 millones corresponderían a apropiación mediante sobrecostos y servicios no entregados.