La violencia sexual hacia la infancia cuesta casi 4.500 millones de euros al año, el 0,31% del PIB, según un estudio

La violencia sexual hacia la infancia en España tiene coste económico de 4.453.873.167 euros, es decir, el 0,31% del Producto Interior Bruto (PIB), según concluye el informe ‘¿Cuánto cuesta mirar hacia otro lado? Los costes de la violencia sexual contra la infancia y adolescencia’, realizado por Educo y la Cátedra de los Derechos del Niño de la Universidad Pontificia Comillas.

“Hablamos de 4.500 millones de euros que suponen un coste para la sociedad, tanto un coste económico como un coste en términos social de oportunidad y de productividad actualmente y en el futuro. Y lo que queremos es básicamente empezar a visibilizar un problema del que conocemos solo la puntita del iceberg”, ha explicado en la presentación a los medios la directora de Incidencia política de Educo, Macarena Céspedes.

Por un lado, cada año las consecuencias de la violencia sexual hacia los niños y niñas suma 1.275.670.086 euros. Esta cifra se refiere a casos denunciados y a determinados costes derivados de casos no detectados (por ejemplo, atención psicológica a una niña que no lo ha contado), cuantificados a partir de la prevalencia (porcentaje de la población general que ha sufrido violencia sexual durante su infancia y que los autores estiman en 17,29%).

A esta cifra los investigadores han sumado un coste mínimo de 3.178.203.081 euros al año que suponen otros daños de difícil monetización como la pérdida de productividad, la destrucción de riqueza, los daños emocionales de la víctima y su familia, etc.

Ambas cifras suponen un total de 4.453.873.167 euros, es decir, el 0,31% del PIB. Para Céspedes, esta es una estimación “muy justa y muy conservadora” de lo que es el problema de la violencia sexual. “No seremos capaces de saber cuál es el coste de sufrimiento”, ha afirmado, para después reclamar la puesta en marcha de políticas de prevención y detección precoz, formación para las personas que trabajan con niños, niñas y adolescentes, y una implementación “correcta, efectiva y rápida” de la Ley orgánica de protección integral frente a la violencia contra la infancia.

Fuente