El PNV llevará a votación el próximo martes en el Pleno del Congreso su reforma de la ley que regula el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para reforzar el control judicial de las actividades de los servicios de espionaje tras el ‘caso Pegasus’. En ella incluyen además, que la dirección de los servicios de espionaje dependan orgánicamente del presidente del Gobierno y no de un ministro, como ahora ocurre con Defensa.
No es la primera vez que los de Aitor Esteban plantean esta reforma en la Cámara Baja, que ya la rechazó la pasada legislatura con los votos del PSOE, PP, Vox y Ciudadanos, entre otros. Desde la bancada socialista alegaron que lo deseable sería que este tipo de reformas se impulsasen desde el Gobierno, con sus correspondientes informes jurídicos.
En aquel momento, acababa de salir a la luz la polémica por el espionaje tanto a líderes independentistas como a miembros del Gobierno con el programa ‘Pegasus’, un asunto que costó el puesto a la hasta entonces directora del CNI Paz Esteban, quien fue sustituida en el cargo por Esperanza Casteleiro, que venía ejerciendo como secretaria de Estado de Defensa. Ambas eran personas de confianza de la ministra Margarita Robles.
REFORZAR EL CONTROL JUDICIAL
Ante esta situación, el primer cambio legislativo que quiere impulsar el PNV pasa por establecer que la propuesta del nombramiento del director del CNI no salga de un ministro, sino del propio presidente del Gobierno, lo que conllevaría elevar la responsabilidad “política y directa” de los servicios de Inteligencia al centro mismo de la Moncloa por lo que pudiera ocurrir en un futuro.
En cuanto al control parlamentario del CNI, que actualmente recae sobre la Comisión de Gastos Reservados del Congreso, el PNV propone que los diputados puedan ser informados de los medios utilizados por los servicios de espionaje, ya que hasta ahora, ni siquiera en la comisión de secretos se puede confirmar que el CNI disponga de ‘Pegasus’.
En la reforma, recogida por Europa Press, el PNV propone además que el control judicial de las actividades del CNI, que desde los escándalos de los años noventa se encargó a un juez del Supremo –encargado de dar autorización previa por un tiempo máximo de tres meses, prorrogables–, se lleve a cabo por tres magistrados del Alto Tribunal y que sus decisiones se adopten por unanimidad, habida cuenta de que no hay una segunda instancia.
También busca que los jueces sean informados de los medios que va a utilizar el CNI para esas actividades, pues considera que deben valorar el nivel de intromisión y la afectación a derechos fundamentales en aras de aplicar el principio de proporcionalidad.
Por último, el PNV propone obligar al CNI a explicar a posteriori el grado de ejecución de las actividades autorizadas, un control que permitiría saber si se ha ajustado a la autorización previa y que sería de mucha utilidad a la hora de decidir sobre posibles prórrogas.
ERREJÓN NECESITA 176 VOTOS
También esta misma semana, concretamente el próximo jueves, el Pleno de Congreso tiene previsto autorizar al portavoz de Sumar en la Cámara, Íñigo Errejón, para acceder a materias clasificadas como secretas, recibir información sobre el uso de los fondos reservados y poder controlar las actividades del Centro de Nacional de Inteligencia (CNI).
Fue el pasado mes de diciembre cuando el Congreso eligió a los miembros de la Comisión de Gastos Reservados, uno por grupo, que son los únicos que pueden ejercer estas tareas de control y que suelen reservarse para los portavoces de las distintas formaciones parlamentarias.
Entonces la portavoz de Sumar era Marta Lois, pero renunció a su acta de diputada a principios de este año para concurrir a las elecciones autonómicas gallegas, si bien finalmente no fue elegida. La Portavocía de Sumar recayó entonces en Errejón, y aún tenía pendiente recibir el aval del Pleno para integrarse en el ‘club’ de diputados con acceso a información reservada.
La votación sobre su nombramiento se ha incluido como último punto del orden del día de la sesión plenaria del jueves y como es habitual, será mediante papeleta y urna y deberá lograr un mínimo de 176 votos para ser elegido.
Desde 2004 los diputados debían recabar el apoyo de tres quintos del Congreso (210) para formar parte de esa comisión. Pero ese listón exigía apoyos mutuos entre los grupos parlamentarios y en la anterior legislatura el PP, Vox y Ciudadanos rechazaban apoyar la entrada de los independentistas, lo que les impedía llegar a ese mínimo.
SE BAJÓ EL UMBRAL PARA METER A LOS INDEPENDENTISTAS
Para salvar el bloqueo, que se prolongó durante dos y medio de legislatura, la entonces presidenta del Congreso, Meritxell Batet, aprobó rebajar el listón a la mayoría absoluta (176 votos). Lo hizo en abril de 2022 cuando los grupos independentistas exigían explicaciones al CNI por el espionaje mediante el programa ‘Pegasus’, pero la comisión no podía reunirse porque no se había elegido a sus integrantes.
Según la legislación, la llamada Comisión de Gastos Reservados es la encargada de ejercer el control parlamentario de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del uso de los fondos reservados por parte de los Ministerios que tienen asignadas partidas de este tipo; Interior, Exteriores, Defensa y el CNI, cuyos titulares deben presentar informes cada seis meses.
Desde diciembre de 2023 integran este órgano Miguel Tellado (PP), Patxi López (PSOE), Pepa Millán (Vox), Gabriel Rufián (ERC), Míriam Nogueras (Junts), Mertxe Aizpurua (Bildu), Aitor Esteban (PNV) y Néstor Rego (del BNG, en representación del Grupo Mixto).
