La Justicia inaugura curso este jueves con un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) plenamente renovado, después de que el anterior doblara mandato caducado, y una Presidencia que, por primera vez, ocupa una mujer: la magistrada del Tribunal Supremo (TS) Isabel Perelló. Así las cosas, el optimismo es la nota dominante en la esfera judicial, si bien este año depara importantes retos, entre los que destaca la ley de amnistía.
La apertura del año judicial tendrá lugar a las 12.00 horas en el Salón de Plenos del Supremo, en un acto solemne que presidirá el Rey Felipe VI y en el que intervendrán el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la nueva presidenta del CGPJ y el alto tribunal, Isabel Perelló, ante la presencia de altas autoridades, entre ellas el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en representación del Ejecutivo.
Este año el foco está puesto en Perelló, una desconocida para el gran público hasta el pasado martes, cuando el CGPJ la eligió ‘in extremis’ como su nueva presidenta y del Supremo. El nombramiento, aunque inesperado, ha logrado el consenso no solo entre los bloques progresista y conservador del Consejo, sino también en la cúpula judicial, desde donde se destaca su capacidad de diálogo, su independencia y su trayectoria.
Miembro de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y ponente del auto por el que el Supremo rechazó el año pasado la petición del PSOE de revisar los votos nulos de las elecciones generales del 23 de julio en la provincia de Madrid, será la primera vez que Perelló se pronuncie públicamente tras ser designada para el cargo.
También será la primera vez en cinco años que la Justicia arranque el curso con un CGPJ renovado. El bloqueo llevó a Carlos Lesmes a presidir el acto de forma interina durante cuatro años, mientras que el magistrado Francisco Marín Castán lo hizo en calidad de presidente suplente el último año, de modo que los discursos de ambos estuvieron plagados de llamamientos al diálogo para alumbrar un acuerdo que finalmente llegó el pasado junio.
Con diez vocales progresistas y diez conservadores, las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalan como uno de los principales desafíos del nuevo CGPJ acabar con la imagen de politización que dejó el Consejo anterior, lastrado por la pugna entre bloques y por las luchas intestinas en cada sector.
Si bien los nuevos vocales se felicitan por el acuerdo en torno a Perelló, que surgió en el último momento como nombre de consenso frente a otros candidatos como Pablo Lucas, Pilar Teso o Ana Ferrer, las citadas fuentes interpretan como un mal augurio el mes y pico de bloqueo para elegir al nuevo presidente del Consejo y del Supremo.
En concreto, desde el alto tribunal hacen hincapié en el “desgaste personal” al que se ha sometido al resto de candidatos, debido al excesivo escrutinio de su figura, pese a la valía que debería suponérseles dada su condición de magistrados del Supremo.
GARCÍA ORTIZ, PENDIENTE DEL SUPREMO
El otro punto de atención estará fijado en García Ortiz, pendiente de que el TS resuelva el recurso contra su renovación como fiscal general y sobre su imputación por la querella presentada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Fue el pasado 15 de julio cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) elevó al Supremo la causa en relación a la querella de González Amador para que decida si imputa a García Ortiz por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por funcionarios.
La pareja de Díaz Ayuso llevó a los tribunales la difusión de una nota informativa en la que la Fiscalía de Madrid daba cuenta del cruce de correos entre su abogado y el fiscal Julián Salto por el presunto caso de fraude fiscal en el que se le investiga. García Ortiz asumió la responsabilidad de dicho comunicado.
A ello se suma el recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra la decisión del Gobierno de renovar a García Ortiz como fiscal general después de que el anterior CGPJ le declarara no idóneo para el cargo, algo inédito en democracia.
DE LA AMNISTÍA A LA CRISIS DE VACANTES
Más allá de los nombres propios, la Justicia encara un año que se prevé intenso por la aplicación de la ley de amnistía, pendiente de que el Tribunal Constitucional (TC) responda a la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el TS, el cual considera que la norma carece de encaje en la Carta Magna.
El Supremo directamente rechazó amnistiar la malversación del ‘procés’ y acudió al Constitucional por el delito de desórdenes públicos al tener la “absoluta convicción” de que su perdón vulneraría “al menos” el derecho a la igualdad ante la ley.
El alto tribunal aún debe responder a los recursos que buscan revocar su decisión de excluir la malversación de la amnistía, si bien el recorrido de su cuestión de inconstitucionalidad comenzará la próxima semana.
Así, el Pleno del TC estudiará desde el próximo martes la admisibilidad de la pregunta planteada por el TS, en base a una ponencia del magistrado conservador Ricardo Enríquez que aboga por darle trámite y que contará con el respaldo mayoritario, según fuentes de la corte de garantías.
A nivel doméstico, el otro gran reto de la Justicia en este nuevo curso es cubrir las 102 vacantes que el bloqueo en la renovación del CGPJ dejó en la cúpula judicial. La mayoría (40) están en los tribunales superiores de justicia, a las que se suman 31 en las audiencias provinciales, 29 en el Supremo y dos en la Audiencia Nacional.
