La Comisión de Justicia del Congreso aprueba la reforma judicial de PSOE y PP con el rechazo de Vox y Junts

La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado este miércoles la proposición de ley impulsada por PSOE y PP que reformará la Ley del Poder Judicial (LOPJ) y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF). El texto ha salido adelante sólo con el apoyo de los dos grandes partidos mientras que Vox y Junts han votado en contra y Sumar se ha abstenido.

El resto de grupos ni siquiera han acudido a la comisión para desmarcarse del acuerdo que socialistas y ‘populares’ alcanzaron en el marco de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ahora el texto se eleva al Pleno del Congreso que prevé aprobarlo el próximo martes, para enviarlo al Senado, que lo aprobará al día siguiente.

Esta reforma busca evitar las denominadas ‘puertas giratorias’ en la Justicia, reforzar las mayorías al aprobar nombramientos judiciales y emplazar al nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a realizar propuestas sobre posibles cambios en el sistema de elección de vocales.

En el informe de la ponencia, ratificado este miércoles por la comisión y al que ha tenido acceso Europa Press, sólo se introdujeron enmiendas de carácter técnico. Una de ellas establece que cuando se produzca el cese anticipado de un vocal, el presidente deberá comunicarlo a las Cortes para que proceda al nombramiento de su sustituto.

Por el PSOE, su portavoz de Justicia, Francisco Aranda, ha mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado con el PP, aunque ha reconocido que llega con sensación “extraña” porque se podría “haber llegado hace cinco años”.

Así, ha advertido de que el refuerzo de las mayorías parlamentarias para renovar órganos como el CGPJ no puede ser “tergiversado” para “retardar los consensos necesarios que todas las democracias necesitan”, y ha apostillado que “los tres quintos no es un parapeto, es un refuerzo democrático constitucional”.

Con todo, ha aplaudido el acuerdo con los ‘populares’ porque “suma y eleva la democracia”. Por eso, ha hecho un llamamiento a que los grupos sigan salvando “obstáculos” y así trabajar para llegar a acuerdos que permitan desplegar una agenda legislativa en materia de justicia que “redunde en un mejor servicio público”.

Asimismo, ha explicado que la iniciativa supone “un refuerzo inequívoco a la independencia e integridad del sistema judicial” porque, por ejemplo, refuerza los requisitos para el nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo.

Por último, ha señalado que tras este acuerdo, desde el PSOE afrontan con “esperanza” futuras renovaciones de los órganos constitucionales, de manera que “no dependan de quién está en el Gobierno o en la oposición, sino de la lealtad institucional, independientemente de qué lugar se ocupa”.

EL PP CELEBRA EL FIN DE LOS CASOS COMO EL DE DELGADO

Por su parte, el portavoz del PP en la Comisión, Fernando de Rosa, se ha felicitado por el acuerdo y ha destacado el nuevo régimen de incompatibilidades para el nombramiento de Fiscal General del Estado (FGE) que impedirá que sea propuesto para el cargo quien en los 5 años anteriores haya tenido actividad política. “Ya no habrá más Dolores Delgado y eso es una satisfacción para el Grupo Popular”, ha dicho.

Al hilo, ha sumado que también se aclaran las causas de abstención y de recusación, que serán resueltas por la Junta de Fiscales de Sala, presididas por el teniente Fiscal del Tribunal Supremo, y ha asegurado que esto es “una nueva garantía de despolitización de la figura del Fiscal General del Estado. “Señorías, seguimos avanzando para que nunca haya más Álvaro García Ortiz en la Fiscalía”, ha añadido.

Además, De Rosa ha enfatizado que la reforma que se impulsa “es fruto de deseo del PP de trabajar por la independencia del CGPJ”. “El Poder Judicial en España es absolutamente independiente, y este acuerdo profundiza en la despolitización del CGPJ”, ha explicado.

En este sentido, el portavoz ha indicado que la propuesta que deberá realizar el nuevo CGPJ para modificar el sistema de elección de los vocales tendrá en cuenta “la mayor participación de la carrera judicial” en ese proceso tal y como establece “el informe del Estado de Derecho de la Comisión de Europa y la Comisión de Venecia”.

Al igual que Aranda, también ha celebrado que el acuerdo incluya 200 plazas anuales de jueces y fiscales durante los proximos 5 años –un total de 1.000 nuevas plazas– y ha puesto el foco en que se refuerza el sistema actual de acceso a la carrera por oposición.

Sobre este extremo, ha indicado que esa oposición seguirá basándose en criterios de objetividad e igualdad de oportunidades y se abandonan por tanto “viejos cantos de sirena que bajo términos engañosos como la democratización del acceso a la carrera judicial (…) pretendían menoscabar la independencia de los jueces y magistrados”. “Por lo tanto, hemos conseguido parar ese ataque que se estaba efectuando desde determinados grupos al acceso a la carrera judicial”, ha añadido.

SUMAR AFEA QUE NO SE ACEPTEN SUS ENMIENDAS

El diputado de Sumar Enrique Santiago se ha mostrado menos optimista. Ha asegurado que esta proposición de ley –“que no admite ningún tipo de modificación”– es el “rescate” que se ha tenido que pagar para renovar el CGPJ. Sobre este extremo ha criticado que no se acepten enmiendas “aún sabiendo que esto es una proposición de ley de reforma muy limitada”. “No tiene lógica”, ha dicho.

Así, ha afeado que se haya “desaprovechado una ocasión única” para comenzar a abordar las reformas que considera necesita el órgano y ha acusado al PP de retrasar la renovación para “introducir a los miembros del Poder Judicial más conservadores” en la cúpula de la judicatura.

Además, ha aprovechado para decir a los ‘populares’ que los jueces no van a elegir a los jueces, en referencia al cambio de modelo de elección de los vocales del CGPJ. “Esto no se ha incluido ni mucho menos en esta reforma, lo que era esa condición del Partido Popular para poder renovar el Consejo”, ha apuntado.

Santiago también ha lamentado que no se haya admitido su enmienda para levantar las limitaciones a los magistrados procedentes del cuarto turno que, a su juicio, fija la proposición de ley al elevar a 20 los años de experiencia reclamados para ser magistrado del Supremo.

VOX DICE QUE LA REFORMA ES UNA “PANTOMIMA”

En el marco del debate, el diputado de Vox Javier Ortega Smith ha mostrado su oposición a la reforma impulsada por PSOE y PP que ha calificado de “teatro” y “pantomima” del “bipartidismo de siempre”. Según ha defendido, la iniciativa evidencia que ambos partidos están “cómodos, convencidos y en perfecta coordinación a la hora de dinamitar cualquier división de poderes”.

“No han querido nunca un Poder Judicial como tal, ni con la independencia a la hora de nombrar a las altas magistraturas, ni con los presupuestos necesarios, ni con los medios humanos y materiales, que les hicieran un poder realmente eficaz, un contrapoder”, ha apuntado.

Además, ha criticado al PP que lleve “cinco años engañando a los españoles” diciendo que “nunca” renovaría el CGPJ hasta que no se cambiase el sistema de elección de los vocales. “Cinco años para venir a hacer justo lo contrario y venir a hacerlo en el peor momento”, ha asegurado.

Ortega Smith también ha lamentado que no se aceptara su enmienda para que el fiscal general del Estado no pudiera ser nombrado si no tenía un informe favorable de “un CGPJ que sea realmente independiente”.

Por su parte, el diputado de Junts Josep María Cervera ha asegurado que profundizará la postura de su partido en el debate de la semana que viene en el Pleno. De momento, solo ha avanzado que no avalaría el texto.

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