Se trata del ente de “cooperación técnica y financiera” ACARA que tiene contratada a la mitad del personal del Ministerio de Justicia y administra sin control más de 100 mil millones de pesos. Data de hace cuatro décadas y se financia con el cobro de trámites de la compraventa de vehículos y de formularios de los registros del automotor.
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