El Gobierno de Estados Unidos ha restado importancia a la reciente polémica con Colombia, que en la víspera emitió una nota diplomática de protesta porque Washington calificó de “creíble” la investigación que pesa sobre Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano, Gustavo Petro, por supuestos pagos irregulares durante la campaña presidencial, y ha afirmado que la imputación es un “asunto público”.
El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, ha señalado durante una rueda de prensa que cree “que no debería haber confusión en lo que respecta” a sus comentarios anteriores y ha agregado que Estados Unidos “no tiene una opinión, un punto de vista o una valoración” en cuanto a este caso específico.
Asimismo, ha remarcado que Bogotá tiene el derecho de “llevar a cabo cualquier tipo de diplomacia o tomar medidas que considere oportunas”. No obstante, ha defendido la decisión de incluir en el Informe de Derechos Humanos la investigación de la Fiscalía colombiana sobre Nicolás Petro, alegando que “es un asunto de dominio público” y no un anuncio de Estados Unidos.
“Este informe es conocido por recopilar acciones creíbles que toman los gobiernos, pero la inclusión de cualquier dato no denota ningún tipo de investigación o evaluación por parte del Gobierno de Estados Unidos en relación con estas entradas específicas”, ha defendido, quitando hierro al asunto.
El día anterior, Patel se limitó a afirmar que el informe recoge “varias violaciones de Derechos Humanos” aportadas por Embajadas y Consulados, la sociedad civil y organizaciones sin fines de lucro, y agregó que las considera “creíbles”.
Ante estas declaraciones, el Ministerio de Exteriores colombiano rechazó “las expresiones y valoraciones de Patel, las cuales se alejan del contenido real de lo presentado en el informe” y que “sus afirmaciones desconocen e irrespetan el apego de las instituciones colombianas al principio del debido proceso y su compromiso en la lucha contra la corrupción y la impunidad”.
El informe recogía que “la Fiscalía General abrió investigaciones contra el hijo y el hermano de Petro por presuntamente aceptar pagos irregulares, algunos de los cuales supuestamente financiaron la campaña 2022”. Además, indica que la corrupción administrativa en los puertos facilitó el tránsito de drogas ilícitas y que los periodistas que informaban sobre corrupción se enfrentaban periódicamente a amenazas.
