Anulan declaración de un tribunal en Bolivia que se negó a juzgar a la expresidenta Áñez

La Paz, 24 nov (EFE).-  Juan Lanchipa, fiscal general del Estado de Bolivia, informó este viernes que se revocó la resolución del Tribunal Cuarto de Sentencia de la ciudad de El Alto, que se había declarado incompetente para conocer por la vía ordinaria un caso en contra de la expresidenta Jeanine Áñez (2019-2020). El tribunal argumentó que se debía juzgar a Áñez “mediante de un juicio de privilegio constitucional” al tratarse la acusada de una exmandataria y de hechos que se produjeron durante su gestión transitoria”. La acusación de la fiscalía es contra Áñez y otros 17 exfuncionarios por del delito de Genocidio en Senkata por la muerte de 10 personas. Sin embargo, el Ministerio Público boliviano presentó un recurso de apelación ante la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, y logró que se anulará la resolución del tribunal que se había negado a juzgarlos. .El fiscal anunció que “se le da la razón al Ministerio Público para (realizar) un juicio ordinario”.A finales de octubre, el Fiscal General presentó la acusación formal ordinaria contra Áñez por las muertes en Sacaba (10), en Cochabamba y Senkata (10) en El Alto, durante los enfrentamientos entre civiles que protestaban contra el Gobierno interino y las fuerzas de seguridad. La Fiscalía acusó de genocidio a Áñez, a tres de sus exministros y varios exjefes militares y de la Policía, contra quienes pidió la máxima condena de 30 años de prisión, y aseguró que las fuerzas de seguridad utilizaron “municiones de guerra” contra “civiles desarmados”. Lanchipa remitió la proposición acusatoria por los casos de Sacaba y de Senkata al Parlamento boliviano, en agosto de 2021, para que se siga un juicio de responsabilidades contra Áñez como exmandataria, pero el proceso no avanzó.A inicios de este año, dos tribunales en El Alto y Cochabamba se declararon competentes para seguir esos procesos por la vía ordinaria. El año pasado Áñez fue sentenciada a 10 años de prisión por situarse ilegalmente en la línea de sucesión constitucional tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia y de otras autoridades en 2019.

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