Varios presos condenados por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura de Augusto Pinochet han reconocido en una declaración emitida desde la cárcel que, “en el cumplimiento de sus deberes”, sus acciones produjeron violaciones de Derechos Humanos.
La declaración, firmada por 27 internos del penal Punta Peuco, supone un punto de inflexión en el marco de la conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado, que tuvo lugar este lunes en el país latinoamericano, al abordar su responsabilidad.
“Reconocemos que, en el cumplimiento de nuestros deberes y en la forma como lo entendíamos en esa época, muchas de nuestras acciones produjeron violaciones a los Derechos Humanos, con graves consecuencias”, reza la misiva.
Los prisioneros han indicado que su actitud “fue reflejo de una formación que daba más importancia a la obediencia que al respeto por el que se consideraba adversario, lo que se cita como dato para su comprensión y no como justificación”.
Esta declaración apunta a los militares de rangos bajos, que, según sostienen, únicamente cumplían las órdenes de sus superiores: “Asumida dicha realidad, con la misma firmeza y dignidad, expresamos nuestra congoja por quienes, siendo el eslabón más bajo y más débil de la cadena de mando –nos referimos a suboficiales, soldados conscriptos y empleados civiles– hoy tengan como único futuro terminar sus días en prisión por cumplir las órdenes de sus mandos, según lo consagraba la legislación militar vigente”, remarcan.
En este sentido, los presos han lamentado que hayan transcurrido varias décadas sin que sus superiores hayan asumido la responsabilidad de sus órdenes, que consideran que ha resultado en la prolongada estancia en prisión de los militares de rangos bajos.
El ministro de Justicia chileno, Luis Cordero, ha destacado que “en esa carta se reconocen violaciones a los Derechos Humanos en algunos que la suscriben que las han negado en el pasado”.
“Es una carta escrita a favor de terceros, (…) pero quienes suscriben están condenados y respondían a labores operativas que se encontraban en los departamentos y unidades de Inteligencia que sirvieron de base a violaciones de los Derechos Humanos”, ha subrayado el ministro, que ha considerado que “sería muy relevante para el país” que los presos que disponen de evidencias “nos dijeran dónde están”.
Cordero, ante la posibilidad de que los condenados pidan beneficios por entregar esa información, ha aseverado que el Gobierno “no tiene ninguna iniciativa sobre ese punto y cualquier efecto de sus declaraciones están en el contexto de las investigaciones judiciales que realizan los jueces”.
