En 2022 salió a la luz que Gabriela Sevilla había simulado un secuestro y un embarazo, lo cual provocó una gran indignación a nivel nacional debido a las mentiras de la joven. En la actualidad, la Fiscalía ha iniciado una investigación con el fin de presentar cargos por los delitos de falsedad genérica y falsificación de documentos en su contra.El cuarto despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Santiago de Surco, a cargo del doctor Nilo Paredes Chávez, formalizó el pasado 6 de julio una investigación preparatoria contra la mujer, a quien se le imputa estos dos delitos.En el caso de la falsedad genérica, el agraviado es su expareja, Ramiro Gálvez, quien dudó de su paternidad, pues su bebé debió nacer en setiembre, pero esa fecha ya había pasado. Incluso, buscó a los médicos que firmaron las recetas de Gabriela Sevilla: descubrió que era atendida, pero no por su embarazo, sino por otro tipo de consultas. Pese a que la confrontó, ella siempre negó el engaño; días después se produjo el supuesto rapto.El documento fiscal menciona que la mujer no estaba embarazada, por lo que está cometiendo perjuicio patrimonial y extra patrimonial contra su expareja, que hizo gastos para el bebé desde que se enteró que iba a ser padre y lo afectó emocionalmente al hacerle creer sobre su presunta paternidad cuando no era real.A Gabriela Sevilla también se le imputa el presunto delito de uso de documento privado falso. Había enviado un informe médico a Gálvez por Whatsapp para confirmar su gestación, pero nunca fue reconocida por el mismo doctor.“La firma no le pertenece y el número de colegiatura tampoco, ya que, este pertenece a la doctora Guerra Figueroa, es decir, que dicho documento era falso”, se detalla en el documento fiscal.El Ministerio Público solicitó 120 días para terminar con todas las diligencias que faltan. El abogado de Gabriela Sevilla alegó que su patrocinada está recibiendo tratamiento a raíz del caso.Gabriela Sevilla manifestó que estaba embarazada. Todo era mentira. (América TV)Un caso viralEl pasado 21 de octubre, el entonces ministro del Interior, Willy Huerta, reveló que Gabriela Sevilla no mostraba señales de haber estado gestando. “Clínicamente, hasta el momento, se ha determinado que la señorita no estaba embarazada”, dijo el titular de esa cartera ante los medios de comunicación en los exteriores del Hospital de la Policía donde se encontraba la mujer.Los médicos del nosocomio habían determinado que la joven no estaba embarazada. Ni tampoco había sido golpeada o tenía alguna señal de maltrato debido a su supuesto secuestro. Tampoco colaboró con la justicia para saber qué había sucedido o para esclarecer la situación.Gabriela Sevilla pidió el alta voluntaria y se retiró a su domicilio. Hizo exámenes de sangre, pero no prueba de orina.Horas después, la joven salió a declarar que sí estuvo embarazada, pese al informe del médico legista del Hospital Militar que reveló que no estuvo gestando.Gabriela Sevilla y su expareja. La joven mintió sobre su embarazo y secuestro. (Instagram)“Tengo todos los papeles en mi casa, tengo pruebas. Quiero pensar que como no terminaron de hacerme los exámenes es que ellos piensan que no hubo embarazo. Me gustaría que me hagan los exámenes completos antes de dar un comunicado de esa manera”, señaló a los medios de comunicación.Luego, tanto la mujer como su expareja, y los padres de la involucrada tenían que rendir su manifestación en la sede de la Dirincri, pero solo apareció Gálvez —quien se quebró—. Sevilla se quedó en su domicilio en Surco.Una amiga de la joven, que sería la madrina del bebé, contó que habían organizado un baby shower y también tuvo un baby shower aparte con los amigos de Ramiro Gálvez. Defendió a su amiga: sostuvo que se encontraba mal psicológicamente.“No me siento traicionada ni decepcionada. Vivimos el embarazo juntas. En mis redes sociales publiqué que apoyaba a Gabriela, porque es verdad: viví una ilusión de embarazo con ella. Es muy amiga mía. Me da mucha pena lo que está pasando. Ella no se encuentra bien”, dijo a Amor y Fuego.La Policía Nacional del Perú (PNP) encargó el caso a la Fiscalía; nueve meses después se formalizó la acusación.
