Pese al avala de Casación sobre los arrepentidos, la causa de los Cuadernos avanza a paso lento

Pasaron dos años y medio desde el inicio de la causa de los Cuadernos, cerca de catorce meses desde que el fallecido juez Claudio Bonadio la elevó a juicio oral. Esta semana, la Cámara Federal de Casación Penal respaldó la constitucionalidad de la Ley del Imputado Colaborador, y así avaló los testimonios de los 31 arrepentidos. Así, el expediente que tiene a Cristina Kirchner como principal acusada seguirá su curso hacia el juicio oral, pero parece aún lejano el inicio de las audiencias. Con documentos sin procesar y arrumbados en contenedores, falta de personal en el TOF 7, cientos de planteos sobre embargos e inhibiciones que resolver, el mayor caso de corrupción avanza lentamente.
Nadie imagina la fotografía de los 172 acusados compareciendo en una sala de audiencia ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7): no hay en Comodoro Py ningún espacio físico donde puedan caber esa cantidad de personas junto a sus respectivos abogados. Pero además, el expediente -que es uno de los de mayor envergadura- se encuentra en etapa muy inicial aún por diversos motivos.En el fallo que elevó el caso a juicio oral, Bonadio indicó que se trataba de “la principal organización criminal” de las últimas décadas, dedicada a la “recaudación de fondos ilegales” que se volcaron en algunos casos “a operaciones de lavado de dinero en el país y fuera de él”. Según el esquema del juez, la acusación principal se convirtió en el esqueleto de seis expedientes más, en los que se buscó analizar área por área en la que el Ministerio de Planificación otorgó contratos y concesiones. Así, se abrieron causas por las coimas en importación de gas licuado, en la concesión de peajes, el otorgamiento de los subsidios a las empresas de colectivos y trenes, la cartelización de obra pública y las operaciones de lavado de activos en el exterior atribuidas al ex secretario privado de Kirchner, Daniel Muñoz.Todas estas investigaciones están relacionadas con el expediente principal del caso, en el que la vicepresidenta está procesada como jefa de la asociación ilícita que recaudaba coimas sistemáticamente. Esa imputación se replicó en las derivaciones del caso, pero la Cámara Federal porteña redujo a la mitad los procesamientos contra Cristina por no encontrarla directamente relacionada. Sólo le quedó la imputación en la “causa madre”, en el tramo que investigó la cartelización de la obra pública y en el que se centró en los subsidios al servicio de trenes. Misma suerte corrieron los pedidos de prisión preventiva: todos fueron revocados.A dos años desde el inicio del expediente, el mismo se encuentra en manos del TOF 7 y la fiscal Fabiana León. En este tiempo, la mayor cantidad de prueba recolectada se guarda en un contenedor a la intemperie y bajo custodia policial, en medio de un reclamo por mayor espacio, recursos, más cantidad de contratos para empleados en el tribunal: respuestas que debe dar la Corte Suprema de Justicia.Con el aval que la Cámara de Casación le concedió a la Ley del Imputado Colaborador, los 31 arrepentidos del caso -la mayor cantidad en una investigación de corrupción-, fueron respaldados. Una medida relevante, siendo que muchos defensores de ex funcionarios kirchneristas apuntaban a la nulidad del expediente, basándose en la supuesta falta de credibilidad de las confesiones y cómo fueron tomadas. Todos los argumentos, que el máximo tribunal penal calificó de débiles, fueron desechados.Pese a ese respaldo, la causa avanza morosamente en el Tribunal. Para dimensionar lo voluminoso que es el expediente, basta mirar algunos números: 172 personas procesadas, de las cuales 71 ya fueron confirmadas por la Cámara Federal y están listas para el juicio oral. Del total de procesados se puede hacer otro desglose: hay 136 empresarios, 22 exfuncionarios y 14 supuestos testaferros. No es todo: entre aquellos 172 procesados hay 31 “arrepentidos”.La causa está en etapa inicial en el Tribunal, es decir ni siquiera se comenzó con el ofrecimiento de prueba, una instancia en la que la Fiscalía, las querellas y los acusados sugieren medidas complementarias para que se tenga en cuenta durante el juicio, como también potenciales testigos. Después de esa etapa, el TOF decidirá a cuáles de todos esos requerimientos hará lugar en función del análisis de la documentación del caso. Recién entonces fijará fecha de inicio de las audiencias.Pero además, el Tribunal espera la contestación de la Corte al pedido de nueve contratos para sumar personal que se aboque exclusivamente al expediente. Cuentan con pocos recursos y el caso es muy voluminoso. La situación suma otro dato: el kirchnerismo desplazó a uno de los integrantes del TOF 7, Germán Castelli, pero su situación después de un fallo de la Corte aún espera la resolución en el fuero contencioso administrativo. Hasta que ello ocurra -condición para que el Máximo Tribunal resuelva si lo confirma en el cargo o no-, el magistrado se reincorporó a sus funciones. Con este telón de fondo, es aún lejana la posibilidad de fijar una fecha de inicio de las audiencias del juicio contra Cristina Kirchner, ex funcionarios del extinto ministerio de Planificación y una importante cantidad de empresario. 

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