Caso D’Alessio: la defensa de Daniel Santoro pidió a la Cámara Federal de Mar del Plata la nulidad de su “arbitrario e infundado” procesamiento

La defensa de Daniel Santoro pidió a la Cámara Federal de Mar del Plata la nulidad del procesamiento del periodista de Clarín dictado por el juez Alejo Ramos Padilla en la causa D’Alessio por considerarlo “prematuro, arbitrario, infundado y temerario”.El procesamiento, además, “se dictó violando el derecho de defensa” al evitar ejecutar ni una de las 20 medidas de prueba testimoniales, documentales e informativas que solicitó el periodista por “lo que corresponde su revocatoria e invalidez conforme lo postulado y peticionado y el consecuente y justo sobreseimiento de Santoro”.
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En un escrito presentado por sus abogados, Mauricio De Nuñez y Guido Sciaretta, se criticó la afirmación del juez según el cual Santoro “tiene el poder” para obstaculizar la causa de Dolores y por lo tanto le podría dictar la prisión preventiva por ser una “mordaza” sobre su trabajo como periodista y “una advertencia, por qué no, intimidante sobre una “libertad condicionada” de nuestro defendido”. Además, solicitaron la incompetencia del juzgado de Dolores porque los supuestos hechos que se le imputan ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires.El martes de la semana pasada, en forma sorpresiva, el juez procesó a Santoro como partícipe de una supuesta extorsión de Marcelo D’Alessio contra el empresario K Mario Cifuentes, de una supuesta coerción al ex directivo de PDVSA Gonzalo Brussa Dovat y le dio falta de mérito como hipotético miembro de una asociación ilícita liderada pro el falso abogado. Además, lo embargó en $ 3 millones, le prohibió salir del país sin su autorización y ordenó investigar si sus notas constituyeron “operaciones de acción psicológica”.En un escrito de 30 páginas, los letrados destacaron que el juez investiga a Santoro por un puñado de notas cuando entre noviembre de 2016 y febrero del corriente año, escribió más de 500 notas en Clarín que van desde la desaparición del submarino San Juan, los más variados casos de corrupción, hasta las causas AMIA y Nisman.En general, los abogados sostienen que el procesamiento “se funda simplemente en simples conjeturas e inferencias que no escapan el normal desarrollo de una relación periodista-fuente de información, ante una clara tendencia jurisdiccional de forzar un auto de procesamiento”.“Todo lo que hubiera realizado D´Alessio en nombre o utilizando el nombre de nuestro defendido no es ni puede, en absoluto, atribuible a Santoro”, indicaron.Parece que el juez Ramos Padilla “ya tenía el norte prefijado y que fue intentando armar el cuadro a raíz de esa idea inicial de “procesar” a Santoro… La pobre y escueta valoración probatoria realizada en el auto por el señor Juez como así también el hecho de haber directamente ignorado toda aquélla ofrecida por Santoro en indagatoria como descargo, evidencia la arbitrariedad en su proceder”.La indagatoria de Santoro había sido pedida por el supuesto productor agropecuario jubilado Pedro Etchebest pero no por la supuesta extorsión que sufrió por parte de D’Alessio y por la que durante un mes y medio medios K lo implicaron, sino porque el querellante original lo denunció en casos que entraron después en Dolores. El 28 de enero pasado, en una clara maniobra de “fórum shopping” (elegir juzgado), Etchebest hizo la denuncia en Dolores pese a que su extorsión había comenzado en la Capital Federal, incluso donde había pagado 14 mil dólares al falso abogado.Los abogados destacaron que en la causa “no se pudo comprobar que hubiera habido acuerdos específicos entre D´Alessio y Santoro en orden a esos mismos sucesos ni tampoco que nuestro asistido conocía y sabía de las actividades de D´Alessio ni, mucho menos, de supuestos aportes supuestamente fundamentales que Santoro hacía con relación a ese eventual plan criminal”.“No se encuentra ningún elemento directo, indirecto, prueba testimonial, documental, informativa, pericial ni de ninguna naturaleza que permita acreditar a las conclusiones a las que se arriba con el grado de probabilidad positiva que se menciona, cuando en realidad es todo lo contrario ya que esa eventual probabilidad es claramente negativa y lleva a una necesaria adopción de un criterio liberatorio bien opuesto al resuelto”, enfatizaron. Tampoco “existe prueba alguna que ni siquiera permitiera inferir que Santoro conocía el llamado “modus operandi” de D´Alessio (no conocía lo que hacía, no sabía que pedía dinero, no recibió nunca dinero, etc., etc.), pero, por otro lado, por lo sostenido del fallo, resulta ser D’Alessio, en sí, “la organización criminal” que se habría valido de la “utilización de periodistas” para llevar adelante ilícitos”, agregaron.Por el contrario, varios chats demuestran que D´Alessio “conocía cómo engañar hasta inclusive mintiéndole a Santoro en pos de lograr sus objetivos”. “Exigirle a un periodista que conozca de dónde obtiene su fuente la data es preocupante y evidencia un claro y manifiesto avasallamiento al libre ejercicio de su profesión y un total desconocimiento del trabajo periodístico”, agregaron.El puñado de notas de Santoro, investigadas en la causa, contiene información “real y verídica y este no es un dato menor a tener en cuenta ya que no se verifica ninguna intencionalidad en sus publicaciones en pos de perjudicar a nadie sino, más bien, exponer información que alguna de sus fuentes le brindó”. Luego, “la utilización que de esa publicación hubiera hecho la “fuente” escapa abierta y notoriamente al periodista”, advirtieron.En cuando a la supuesta coerción contra el ex directivo de PDVSA que denunció irregular en la filial local, destacaron que el video de la entrevista publicado en www.clarin.com “se observa a Brusa Dovat tranquilo y con total libertad, hablando sin presiones, contando su verdad conforme él mismo quería en razón de las amenazas que había recibido y que necesitaba notoriedad y exposición pública. No existió, en modo alguno, coacción”. La entrevista fue en un restaurante de Palermo ante unas cien personas.El periodista Rolando Graña testimonió que conoció a Brussa Dovat, por lo menos, unos diez días antes de la entrevista con Santoro porque “yo estaba tomando café en un bar justo en la esquina de Plaza de Mayo y él se acerca, se presenta, dijo que había trabajado para PDVSA y que lo estaban amenazando…le dije que tenía que conocer a Marcelo D´Alessio…hubo una reunión en Fresh Market en la que estaban D´Alessio, Brusa Dovat, Degastaldi y yo…” Brusa Dovat le contó que tenía dos discos rígidos con datos, que había sido echado de PDVSA y que los amenazaban espías del servicio secreto de Venezuela SEBIN.No hubo intercambios de información de “inteligencia”. Como está probado en la causa, Santoro solo le mandó un informe de antecedentes comerciales Nosis a D’Alessio, dos horas después de la entrevista del 30 de enero, para verificar la identidad del entrevistado porque lo había agendado como Gonzalo Bruzzoni.“Santoro se limitó, como se probó, a reunirse con una persona que prestó su consentimiento para contarle su historia, corroborar datos de la entrevista, redactar la nota a publicar y publicarla; el resto escapa a la órbita de actuación de nuestro defendido, incluso teniendo en cuenta que ese fin de semana arrancaron sus vacaciones”, agregaron.Además, como dice el fallo en un chat Brusa Dovat “trata de “Marce” a la persona que lo venía presuntamente coaccionando (D´Alessio) y le menciona que en esa segunda entrevista se había sentido mejor”, en alusión a la que mantuvo unos días después con Rodrigo Alegre de TN. Luego dio otras dos a Eduardo Feinmann y a Graña.“En la causa no hay ninguna mención de Brusa Dovat imputando a Santoro ni ninguna manifestación de Santoro de tipo coaccionante, intimidante, etc”, agregaron.En cuanto a la supuesta extorsión al empresario K Mario Cifuentes, el escrito señala que el dueño de la empresa OPS empezó a reunirse con D’Alessio “a principios del año 2018, tanto en su propia casa como en el Hotel Emperador, hizo alarde de sus contactos e influencias, solicitando para sus servicios una muy importante suma de dinero”, en alusión a bajaren forma ilegal la deuda que tenía con la AFIP y arreglar supuestamente con los jueces que lo investigaban. OPS tiene una quiebra decretada en primera instancia.“Curiosamente, Vuestra Señoría dedica un párrafo a exculpar a varias personas mencionadas por Cifuentes, como ser Mariano Tato, Daniel Angelici, Gustavo Arribas, Cardini, Bisceglia, entre otros, quienes, sin dudas, fueron mencionados en virtud de la fantasiosa conducta de D’Alessio. Son claras las distintas varas con las que se juzga”, subrayaron.En la nota publicada en Clarín recién el 6 de abril de 2018, Santoro, “buscó primicias e intentó corroborar los datos y por eso las menciones específicas que surgen del artículo” en denuncias de la PROCELAC y reportes de la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre Cifuentes, entre otras fuentes. Una nota de estas características, “en función de la rigurosidad profesional de nuestro pupilo y su tiempo de elaboración, lleva a que, sin duda, la sigla OPS se encontrara presente en Santoro en esos días, por lo que la significación que se le pretende dar a la mención “OPS” en vez de “OAS” a título de mensaje “mafioso” no tiene ningún sustento. A tal punto, esa confusión existió que en el propio acto de la indagatoria prestada ante V.S. volvió a mencionar erróneamente una empresa por otra (ver video de la indagatoria)”.Es decir, “según la teoría conspirativa recogida en el fallo recurrido, Santoro debía conocer que los días en que confundió las siglas iban a ser coincidentes con la decisión del Tribunal Supremo de Brasil que confirmaba la detención del ex presidente por negociación incompatible con la firma OAS”.En su fallo el mismo juez “destacó que Cifuentes buscaba soluciones jurídicas a sus problemáticas, tanto por derecho como por izquierda, y prueba de esto último es la prolongada relación que mantuvo con D´Alessios” y hizo la denuncia por extorsión un año después. Además, “es el propio Juez quien reconoce que existen elementos de prueba que brindó el propio D´Alessio en sus conversaciones que le permitían inferir que el periodista no pretendía un lucro personal en ninguno de los casos bajo análisis”.En la indagatoria, el mismo magistrado dejó en claro que la secretaria de D´Alessio jamás “le repartió “un sobre” a Santoro como sí lo había hecho con terceras personas”. Además, el “supuesto “escrache” ya estaba, por ejemplo, hasta en internet con libre acceso en las notas periodísticas adjuntadas por Santoro en su descargo” en artículos de los diarios Río Negro y La Nación. El juez “tampoco demostró, contrariamente a lo que se expone en el fallo, que Santoro conociera el contexto, la relación, los servicios y eventuales exigencias que pudo llegar a recibir Cifuentes, el obrar de D´Alessio se ejercitó siempre de manera independiente, autónoma y con desconocimiento de nuestro asistido, en clara oposición al pretendido “común acuerdo”, en modo alguno, acreditado”.Por otra parte, los abogados de Santoro destacaron que la orden el juez de pedirle a la Comisión Provincial de la Memoria, que preside Adolfo Pérez Esquivel y se especializa en derechos humanos, que investigue si las notas de Santoro constituyeron “operaciones de acciones psicológicas” es “nula de nulidad absoluta. No se compadece con ningún método probatorio regido por norma ritual de ninguna naturaleza, ni siquiera siendo éste un válido auxiliar de la Justicia”.Pero lo más grave aún, destacaron “es que se pretende bajo la excusa de la tramitación de la presente causa, atentar contra la libertad de opinión y la libertad de prensa, derechos fundamentales en nuestro digesto constitucional y, en definitiva, de la vida en democracia”. “El derecho inculcado tiene una doble vía puesto que afecta también el principio de ser informado de los ciudadanos, lo que se encuentra en riesgo con la arbitraria, ilegítima y nula medida dispuesta”, pusieron de manifiesto. Por último, pidieron la nulidad del embargo de 3 millones de pesos dispuesto contra el periodista. Como dice el propio juez, “no se han presentado actores civiles que pudieran reclamar una indemnización civil ni los delitos imputados prevén la pena de multa, por lo que tampoco existirá en el caso una pena pecuniaria que afrontar”.A lo sumo, debió haber quedado reducido al pago de las costas del proceso que, hasta el momento, incluye el pago de la tasa de justicia -$1.500- y los honorarios de esta representación letrada y de los peritos intervinientes, por lo que “estaríamos hablando, a lo sumo, de algunas decenas de miles de pesos”, finalizaron.

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